domingo, 18 de marzo de 2012

Crisis económica española

Por crisis económica de 2008 a 2012 se conoce a la crisis económica mundial que comenzó ese año, y fue originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.

La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la «crisis de los países desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo.

El caso de Villacañas es solo uno de los innumerables casos de familias afectadas por dicha crisis.

En España la crisis se puso de manifiesto con la explosión de la burbuja inmobiliaria surgida durante el gobierno de José María Aznar y que se mantuvo durante el gobierno socialista pese a ser claramente insostenible.

Este video puede ayudarnos a entenderlo:





Contra viento y marea, como si la cosa no fuera con él, el anterior equipo económico del Gobierno mantuvo a lo largo de la segunda Legislatura de Zapatero unas previsiones económicas irreales, como ahora se han demostrado. Ajeno al devenir de los mercados y a las previsiones de los organismos internacionales, se empeñó en ver en la economía española «brotes verdes» en donde sólo había yermo.



Este punto de mira llevó a una voluntariosa vicepresidenta económica a lanzar las campanas al vuelo de la recuperación económica en mayo de 2009. «Esperemos semanas y los veremos. Los brotes verdes de la recuperación están a punto de llegar a la economía española», vaticinó por entonces una optimista Elena Salgado durante una comparecencia en el Senado. Los datos del paro de abril de ese año le dieron pie para hablar de los famosos y polémicos «brotes verdes». Mientras, la mayoría de los expertos guardaba entonces, y no digamos ahora, cautela sobre esas señales de reactivación.



Pero no es de extrañar que en ese momento el equipo económico se equivocara en su vaticinio. Ya lo hizo un año antes. En aquellas fechas, la economía registraba un crecimiento negativo del PIB en el segundo trimestre del ejercicio. Sin embargo, el Gobierno recién emanado de las urnas se empeñó deliberadamente en negar en público la evidencia, recurriendo a eufemismos como desaceleración económica en lugar de recesión, después de cerrar meses antes la puerta a la crisis.



Y es que la historia del Gobierno socialista en materia económica ha sido la de una ocultación de la verdad continuada y prolongada en el tiempo, con diagnósticos ajenos a la realidad del país. Como botón de muestra, en lugar de adoptar medidas de contención del gasto en 2008, fecha en la que el país entró en recesión, el Ejecutivo aplicó una deducción de 400 euros en la cuota del IRPF a todos los contribuyentes, con independencia de sus rentas.



Por si fuera poco, al año siguiente Salgado vio «brotes verdes» donde los expertos veían sequedad por una buena cifra aislada del dato de abril. El paso del tiempo ha corregido esta cifra al alza y, en estos momentos, el desempleo en España supera casi la escalofriante barrera de los cinco millones de parados. A finales de 2009, este error de cálculo de la salida de la crisis le llevó a la ex vicepresidenta primera del Gobierno a sentar los Presupuestos Generales del Estado de 2010 en un erróneo escenario macroeconómico, con una reducción irreal del déficit público.



Meses después, la realidad se impuso y el Ejecutivo de Zapatero tuvo que afrontar el mayor recorte social de la historia democrática del país, con un paquete de medidas en el que se rebajó el sueldo a los funcionarios una media del 5 por ciento y se congelarán sus retribuciones y las de los pensionistas en 2011. Sin embargo, el ajuste, pese a la severidad, llegó tarde para conseguir poner freno a un disparado déficit público. No obstante, Salgado consideró suficiente el recorte de mayo de 2010, acompañado de una inconclusa reforma del sistema financiero y de unos cambios ineficaces del mercado laboral, para pronosticar un crecimiento del PIB en 2011 y en 2012 del 1,3 y del 2,3 por ciento, respectivamente. Una vez más, el tiempo ha dinamitado estas optimistas previsiones. El Banco de España confirmó semanas atrás un decrecimiento del PIB en el tercer y cuarto trimestre de 2011, ejercicio en el que la economía crecerá levemente para entrar en recesión en 2012.



Este error de cálculo en el crecimiento económico por parte del anterior Ejecutivo ha tenido, como no podía ser de otra manera, su fiel reflejo en las estimaciones de reducción del paro y del déficit público. En el primer indicador, el desempleo amenaza con superar la fatídica cifra de los cinco millones de parados en los primeros meses de este año, al calor de la entrada de España de nuevo en una etapa recesiva.




Finalmente, tras casi cuatro años de un gobierno negligente, incapaz de llevar a cabo la tan necesaria reforma laboral, de tomar medidas ante la crisis que cada día se hacía más y más latente en los hogares españoles se produce un cambio de política:



El PP llega al poder por una mayoría aplastante resultado del bipartidismo de nuestra época, cargado de ideas, promesas de cambio, soluciones ante la crisis...



De momento parece que las reformas se están llevando a cabo, rodeadas de críticas por una parte y de resignación por otra. Parece que por ahora lo único que podemos es esperar que todos los esfuerzos que estamos realizando sirvan para algo y que no sean simplemente mera palabrería de fantoches avariciosos cuya única intención a largo y a corto plazo es llenarse los bolsillos con el menor esfuerzo posible.

El diezmo

“El diezmo es el derecho de diez por ciento que se paga al res, del valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un reino a otro donde no estaba establecido almojarifazgo” .

En el contexto religioso:

“El diezmo es parte de los frutos regularmente la décima, que pagaban anualmente los fieles a la iglesia

Se afirma que el diezmo es característico de las sociedades o Estados gobernadas por el Rey y el Papa; en otros términos, regidos por la Real Hacienda y la Iglesia, donde la sociedad vasallo y subordinado a esas instancias patriarcales contribuyen de manera obligatoria el diez por ciento del valor de las producciones, cualquiera sea su origen y actividad, excepto de la pesquería, montería y caza; en frutas de la piña y bellotas; y en metales del oro, plata, perlas, piedras, metales y otras reservadas en las Bulas Apostólicas, aunque también de estas se pagaban, pero de las comercializadas con el nombre del “Quinto Real”.

En este artículo se nos muestra como en pleno siglo XXI, en un estado laico como es el español, todavía sigue presente el diezmo.

La Iglesia sigue teniendo propiedades y en algunos casos éstas son trabajadas al igual que hace siglos.

Un ejemplo de esto es la familia del artículo, a la cuál se le reclama el dinero del "diezmo" asociado a las tierras, algo absurdo ya que este fue abolido.

Desde mi punto de vista la Iglesia debería estar menos presente en nuestra sociedad, si tiene en su poder tierras debe venderlas o, en su defecto alquilarlas como un particular puede arrendar sus inmuebles.

Desgraciadamente, este no es un caso aislado ni mucho menos. La Iglesia sigue muy vinculada al Estado, hasta el punto de que, España, pretendido estado aconfesional, y en pleno siglo XXI, proporcionará este año más de 6.000 millones de euros a la Iglesia Católica. Eso son alrededor de 135 euros por habitante, y con independencia de la famosa cruz en la Declaración de la Renta, y... ¿No era eso el diezmo?

Fraude electoral

 
En relación al contenido de El engorde de censos reaparece en Ourense antes de las municipales podemos destacar, entre otros, los siguientes aspectos:

El oportunismo, haciendo referencia al momento en que éste aparece en los medios de comunicación, ni más ni menos que justo antes de unas elecciones. Curioso que meses e incluso años atrás nadie se interesase por el estado del padrón municipal.

El sensacionalismo, considerando como espectacular, inexplicable, de magnitudes inusitadas… el incremento de 80 personas en un municipio (del cual se reconoce que muchos de sus vecinos lo abandonaron, para vivir en otro lugar, pero no por eso tuvieron que llevarse los intereses que allí poseen –finca, casas…- y por las que seguro tienen interés)

El desinterés de todos: políticos, periodistas, vecinos… A nadie se le ocurre poner solución a esto con el tiempo y medios necesarios, hasta cuarenta y ocho horas antes de que nos pueda servir de crítica, escusa, etc.

La ofuscación, intentado justificar el posible fracaso, la no consecución de objetivos… a causa de la presunta irregularidad.

Y lo que considero como mal mayor, la aceptación, pues todo el mundo considera que lo publicado es cierto, pero nos da lo mismo, nadie hace absolutamente nada por cambiar la situación, porque esto no se vuelva a repetir (nadie deja de votar por eso, nadie denuncia formalmente la irregularidad, nadie exige los cambios necesarios en la ley electoral, etc.)

Desamortización


 
La desamortización es un proceso político y económico de larga duración en España (1766-1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales (rentas de variado origen y naturaleza), y al patrimonio artístico y cultural (edificios conventuales, archivos y bibliotecas, pinturas y ornamentos) de las instituciones afectadas.


La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos.



Una primera etapa (1766-1798) comprende la venta de bienes de los jesuitas y la denominada desamortización de Manuel Godoy (bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cofradías). La segunda fase (1808-1823) corresponde a la desamortización impulsada durante la guerra de la Independencia por la administración bonapartista y por los legisladores reunidos en Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos). En la tercera etapa (1834-1854), conocida como desamortización de Mendizábal y Espartero, se procede al sistemático despojo patrimonial de la Iglesia, y a la desaparición de monasterios y conventos. La cuarta fase (1855-1924) se inaugura con la Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz y es por duración y volumen de ventas la más importante. Se completa la enajenación de los bienes de regulares y seculares.



La privatización de fincas rústicas afectó a una extensión equivalente al 25% del territorio español. El cometido financiero fue cubierto satisfactoriamente, a juzgar por las cantidades que Hacienda percibió en títulos y en metálico por la venta de los bienes desamortizados (14.435 millones de reales). La extracción social de los compradores, restringida inicialmente a los círculos más acaudalados, se diversificó a medida que se cubrían las etapas del proceso. En conjunto, no obstante, fueron los miembros de la burguesía (comerciantes, hombres de negocios, profesiones liberales y campesinos acomodados) quienes capitalizaron las fincas más preciadas y de mayor extensión. Por el contrario, tanto el campesino pobre como el colono dispusieron de menores posibilidades de acceso a la propiedad. La desamortización de fincas urbanas (casas, edificios conventuales) contribuyó a la transformación del modelo de ciudad del siglo XIX: de la ciudad conventual, marcada por el predominio del caserío amortizado y el tono hegemónico de los edificios religiosos, a la ciudad burguesa, caracterizada por la desaparición del viejo caserío, su crecimiento en altura, la apertura de nuevas vías, la presencia de los edificios públicos y los ensanches. La legislación previó para los edificios conventuales destinos tan diversos como la conservación para uso parroquial o público (conversión en museos, cuarteles, hospitales), la demolición para la apertura de nuevas calles o el ensanche de las existentes, o su mera inclusión entre los bienes nacionales sujetos a la privatización. El patrimonio mueble corrió la misma suerte: fue reservado como parte de la memoria histórica nacional (creación de museos).

Divisiones administrativas despues de J.Burgos (mapa)

Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, la regente María Cristina de Borbón trató de llegar a un acuerdo con los partidarios de don Carlos María Isidro sin perder el apoyo, al otro lado, de los liberales. Esa fue la misión que le confió a Francisco Cea Bermúdez, líder de un gobierno que duró apenas tres meses. Sin embargo, aunque los esfuerzos por atraerse a los carlistasfueron vanos, su gobierno emprendió una reforma de gran envergadura, que sigue estando vigente en España más de siglo y medio después: la división de España en provincias.

Mediante una simple circular en noviembre de 1833, su secretario de estado de Fomento, Javier de Burgos, creó un estado centralizadodividido en 49 provincias. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cinco de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Asturias,con capital en Oviedo,Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcayacon Bilbao).

El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital.


División provincial


La división provincial de Javier de Burgos de 1833 incluía 49 provincias. El mismo decreto que creó la división provincial agrupó a las provincias en «regiones históricas». "El decreto de Javier de Burgos abscribía, de forma intencionada, un nivel superior al provincial, al hacer referencia expresa de varias provincias a un ente definido" (Según el profesor Francisco Iglesias Carreño), es más, apostillando lo anterior dice: "y ello con independencia de si a tal ente supraprovincial se le atribuían, en tal momento o en momentos posteriores, o no funciones administrativas/económicas/políticas" . "Así, y en la acepción conceptual de Iglesias Carreño, las regiones definidas si tenían existencia, con la salvedad de que la competencia o consideración orgánica administrativa o jurisdiccional fuera, a posterioridad, sobrevenida". El profesor Iglesias Carreño dice: ""Todo ello implica que las provincias de 1833, con la posterior división en las Islas canarias, por estar agrupadas, en su adscripción a regiones-.-léase ya Regiones Históricas-.-, forman un estamento intermedio que no es modo alguno solo y exclusivamente clasificatorio, ya que la evolución posterior aclara que su operatividad administrativa/económica/cultural/política fue aumentando.

Divisiones en España antes de la llegada de J.Burgos (mapa)

 
Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se impulsa la construcción del Estado liberal, y con él se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama única para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios de igualdad jurídica, unidad y eficacia.

En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias.


Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como las de Almería y Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva (del Reino de Sevilla), Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre nuevo como Murcia o las Provincias Vascongadas.

Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de población, extensión y coherencia geográfica. Hay una voluntad de superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las ciudades capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos enclaves cuando se hallan dentro del mismo. Este proyecto generó intensos debates por el número de provincias y la capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.

En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.

Alfonso XII-Nuestros dias (cuadro cronológico)

1902-1931: Reinado de Alfonso XIII.

1909: Intervención en Marruecos.

1914-1918: Neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial.

1923-1930: Dictadura del general Primo de Rivera.

1931: II República Española. Alfonso XIII sale de España. Niceto Alcalá Zamora, primer presidente.

1936: Triunfo electoral del Frente Popular; alzamiento de las guarniciones marroquíes al mando del general Francisco Franco. Comienza la guerra civil.

1939: Fin de la guerra civil. La caída de la II República da paso al régimen franquista.

1940-1945: Neutralidad de España durante la segunda Guerra Mundial.

1947: Restauración de la Monarquía y promulgación de la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.

1953: Firma de los tratados de defensa con EE.UU.

1966: Reforma constitucional. Se separan los cargos de jefe del Estado y jefe del Gobierno.

1969: El príncipe Juan Carlos de Borbón es nombrado sucesor en la jefatura del Estado a título de rey.

1973: Franco nombra Jefe del Gobierno al Almirante Carrero Blanco, que muere en atentado. Le sucede Carlos Arias Navarro.

1975: Muere Francisco Franco Bahamonde. Juan Carlos I, Rey de España.

1976: Adolfo Suárez presidente del Gobierno. Disolución de las Cortes franquistas.

1977: Elecciones generales. Vence Unión de Centro Democrático (UCD).

1978: Se promulga la nueva Constitución.

1979: Elecciones generales. Vence UCD.

1981: Dimisión de Adolfo Suárez. Leopoldo Calvo Sotelo Jefe del Gobierno. Intento de Golpe de Estado (23-F)

1982: Ingreso de España en la OTAN. Elecciones generales con victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Felipe González Jefe del Gobierno.

1985: Firma del tratado de adhesión de España a la CEE.

1996. Se celebran elecciones generales. Gana el PP (Partido Popular) y José María Aznar es el nuevo Presidente del Gobierno. Felipe González deja de serlo después de casi 14 años.

2004: Brutal atentado en Madrid realizado por grupos extremistas islámicos, donde mueren 191 personas (11 de marzo)

2004: El Partido Popular, tras ocho años en el poder, pierde las Elecciones Generales celebradas el 14 de marzo, saliendo elegido Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español.

2011: Tras siete años en el poder el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pierde las elecciones generales saliendo elegido Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy del Partido Porpular (PP).